El abogado del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, y ex Ministro de Justicia Héctor Superti, confirmó que la querella no acusará al único imputado como autor material del atentado a la casa del mandatario en octubre del 2013.

Emanuel Sandoval, conocido en la zona norte de la ciudad como “Ema Pimpi” es el único sospechado de ser el autor material del peor atentado institucional que vivió la provincia desde el retorno a la democracia.

Los 14 tiros al domicilio particular del gobernador la noche del 11 de octubre de 2013 cuando Bonfatti se encontraba en su casa junto a su mujer, marcaron un punto de inflexión en el conflicto con el narcotráfico dejando en evidencias el fracaso en las políticas en seguridad defendidas por la gestión provincial.

A dos años del atentado, las sospechas por la responsabilidad material del hecho recayeron sobre Ema Pimpi, el único procesado por la jueza Alejandra Rodenas quien le había dictado prisión preventiva por amenazas agravadas y uso de armas de fuego en calidad de autor del amedrentamiento.

En paralelo, la justicia procesó al ex titular de la comisaría décima, con jurisdicción en la zona donde vive el gobernador, Pablo Espíndola por encubrimiento agravado cuando fue detenido dos meses después del atentado y le secuestraron una pistola 11.25, una de las dos armas utilizada para balear la casa de Bonfatti.

Tanto el procesamiento de Sandoval como el de Espíndola fueron impulsados por el fiscal Enrique Paz quien tiene a su cargo la investigación.

En las últimas horas, el abogado de Bonfatti, desistió de acusar a “Ema Pimpi” Sandoval por razones que, aunque no se explicitan en el escrito de la querella, no se contaría con material probatorio suficiente. En cambio, el abogado impulsará la acusación contra el oficial Espíndola.

Ahora depende del fiscal Paz insistir o no en el procesamiento y elevación a juicio oral de Sandoval aunque Paz reconoció en declaraciones a Radio Dos que “la querella actuó acorde a sus facultades” aunque le “hubiese gustado que acompañe la acusación contra Emanuel Sandoval”.

A su vez, Paz señaló que Superti “nunca solicitó medidas probatorias” durante los meses que duró la investigación”

Consultado por Lapolítica Online, el abogado penalista Froilán Ravena explicó que “la querella siempre tiene que analizar en profundidad las pruebas con que cuenta para poder acusar” y agregó que “si el acusado luego queda libre su abogado puede accionar contra la querella”.

“Si no hay certezas no conviene acusar” sostuvo Ravena señalando un principio fundamental del derecho penal aunque por la dimensión que significó el atentado al gobernador obliga a preguntarse el porqué de la falta de tales pruebas.

Según Ravena, quien lleva adelante entre otras causas resonantes la representación de los familiares de las víctimas de Calle Salta, el caso dejó al descubierto “las ineficiencias del sistema investigativo de la provincia donde todo es muy improvisado, donde no se ha invertido en tecnologías y dependamos si hay una camarita filmando”

“No tenemos personal con la formación necesaria y estamos muy atrasados con la tecnología para la investigación criminal, por lo tanto, la policía se maneja con la información de calle lo cual lleva a estas situaciones, de no contar con pruebas a la hora de la acusación”.

A su vez, Ravena reconoció el costo político que podría generar que la única persona acusada quedase en libertad por falta de pruebas. “No han querido correr el riesgo de un escenario parecido” supuso el letrado.

Sin embargo, desde la oposición deslizaron teorías más arriesgadas: “¿No es válido pensar que el gobernador no quiere que Sandoval llegue a juicio oral?” se preguntó el diputado Héctor Acuña quien presidió la comisión investigadora por el crimen del empresario narco Luis Medina asesinado el 29 de diciembre del mismo año en que atentaban contra la casa de Bonfatti en otro caso que dista de llegar a su resolución.

Según la investigación de la Comisión, Medina era uno de los sospechados de haber organizado e instigado el ataque contra el mandatario provincial. De hecho, “Ema Pimpi” Sandoval “era jefe de una banda criminal que actuaba en la zona de la Comisaría 10 –jurisdicción del domicilio de Bonfatti- y comercializaba estupefacientes” sostuvo el fiscal Paz a medios locales abonando la relación entre Sandoval y Medina.

En sintonía, la línea investigativa que persigue la jueza Alejandra Rodenas sobre el móvil del atentado es el de “amedrentar a los miembros del Poder Ejecutivo provincial” para forzar el desplazamiento de Roland Cuñé por entonces Comisario de la décima quien habría interferido y obstaculizado el desempeño de la banda de Sandoval, según publicó el diario La Capital. crons":]�,���